La reforma legal más relevante para sociedades en México en 2025 se centra en la transparencia y el control de operaciones, con énfasis particular en la lucha contra el lavado de dinero y la gestión empresarial.
Reforma Antilavado y Beneficiario Controlador
El 17 de julio de 2025 entró en vigor una actualización fundamental a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que exige identificar y registrar al Beneficiario Controlador en todas las sociedades mercantiles. Esto significa que cualquier persona (física o grupo) que tenga directa o indirectamente el control del 25% o más debe ser registrada ante la Secretaría de Economía, incluso si la empresa no realiza actividades consideradas vulnerables.
Obligaciones Principales
- Identificación y registro de beneficiario controlador ante las autoridades.
- Aviso obligatorio al sistema electrónico oficial cuando se transmite propiedad o derechos sobre acciones o partes sociales.
- Obligación para empresas en sectores como desarrollos inmobiliarios, criptomonedas, comercio exterior y servicios notariales, de presentar avisos y monitorear clientes.
Nuevas Actividades y Umbrales de Control
- Ampliación de actividades consideradas “vulnerables”: inmobiliario, activos virtuales (criptomonedas), comercio exterior, notarías y corredores públicos.
- Reducción de umbrales de reporte: operaciones con criptomonedas desde 210 UMA por operación, comisiones a partir de 4 UMA, actos notariales desde 4,000 UMA, y operaciones inmobiliarias desde 8,025 UMA.
Concurso Mercantil y Reestructuración
También en 2025, hay cambios en el Concurso Mercantil mexicano, diseñados para hacer estos procesos más ágiles y favorecer la protección y recuperación de empresas viables. Los plazos de trámite son más cortos, se facilita la negociación temprana con acreedores bajo supervisión judicial, y existe mayor protección para activos y contratos mientras la empresa está en crisis.
Buenas Prácticas de Gobierno Corporativo
El código de 2025 sobre gobierno corporativo amplía su alcance más allá de las empresas públicas y cotizadas para incluir también a empresas privadas. Esto promueve la adopción de mejores prácticas de transparencia, sostenibilidad y responsabilidad empresarial en un entorno regulatorio que exige cada vez más rendición de cuentas.
Estos cambios legales exigen a las empresas mexicanos estar informadas y preparadas para cumplir con nuevas responsabilidades, optimizando la gestión interna y evitando sanciones significativas.